La iglesia y el gobierno

Influencias de la Iglesia Católica Romana se han visto en México desde 1519, cuando Hernán Cortés llegó a México con el clero español. Después de la independencia, los liberales españoles estaban preocupados de que la iglesia tenía mucho poder dentro del gobierno porque la iglesia poseía entre un cuarto y la mitad de la tierra y controlaban la mayor parte de escuelas y hospitales. Entre 1833 y principios de la década de 1840 el gobierno mexicano creó leyes para limitar la cantidad de influencia que la iglesia había. En 1833, el gobierno hizo cumplir muchas leyes anticlericales, como la secularización de la educación y una declaración de que el pago del diezmo no era una obligación civil. Benito Juárez, el presidente de México 1855-1872, limitado drásticamente los privilegios eclesiásticos. 11 de marzo 1857 Juárez prohibió todas las iglesias de propiedad de la tierra. El 12 de julio de 1857, Juárez confiscó todas las propiedades de la Iglesia. Como resultado de estas leyes la primera guerra de religión se libró entre 1857 y 1860. La Constitución de 1917 hizo hincapié en las reformas seculares. Contiene por lo menos 5 artículos que afectó a todas las confesiones religiosas. Uno de los artículos, número 3, prohíbe las iglesias de la participación en la educación. Artículo 5 prohíbe el establecimiento de órdenes religiosas. El artículo 24 requiere todas las ceremonias religiosas se producen en edificios de la iglesia, y el artículo 27 le dio la propiedad de los edificios de la iglesia al gobierno. Como resultado de la lucha constante entre las iglesias y el gobierno muchas de las leyes destinadas a reprimir la iglesia se han eliminado, y aunque la iglesia no es la figura dominante en el gobierno mexicano sus influencias siguen siendo evidentes.